La relación contractual entre los clubes y jugadores y técnicos de sus equipos de fútbol, es escenario de muchas situaciones irregulares, que perjudican al sistema de seguridad social y a las organizaciones sindicales que defienden los derechos de los trabajadores deportivos.

Entre las más repetidas se encuentra la de los contratos que se firman por montos sensiblemente inferiores a los que realmente se les paga a los jugadores y entrenadores, con el objetivo de reducir la carga impositiva y, por ende, "ahorrarse" un dinero que se le escamotea a las arcas públicas, a las obras sociales y a las organizaciones gremiales, tanto Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA) como a la propia Asociación de Técnicos de Fútbol de Argentina (ATFA).

"Sin lugar a dudas, estamos en presencia de una situación de claro fraude laboral", afirma un letrado con vasta experiencia en el derecho laboral consultado por Depo.

Más allá del nombre que se le pretenda dar, a estos contratos en el mundo del fútbol se los llama "en negro" y, por lo tanto, sobre buena parte de las cifras que figuran en ellos no se pagan cargas sociales, ni ciertos tributos. Este es el motivo por el cual, cuando son despedidos, los profesionales pueden iniciar demandas laborales millonarias y obtienen resoluciones favorables tanto en primera como en segunda instancia, ya que judicialmente se suma lo que los clubes pagan por fuera del contrato en blanco que inscriben en la Asociación.

Dichos procesos tramitan en el fuero laboral, lo que demuestra que el dinero que perciben por otros supuestos conceptos, formarían parte integrante del salario mensual y habitual, pero que se abona por fuera de lo establecido en ese contrato, y de ese modo, obviamente no se abonan las cargas sociales por esos montos.

Una de las carillas del contrato que Caruso firmó con Arsenal, por 150.000 pesos mensuales

En octubre del año pasado, a través de su resolución 4151, la AFIP apuntó al seguimiento de los aportes y contribuciones a la seguridad social que deben efectuar los clubes sobre los contratos que suscriben con los integrantes de sus planteles profesionales, incluidos jugadores y directores técnicos. "El convenio colectivo de trabajo estipula que los contratos deben registrarse en AFA como condición de validez y que cualquier estipulación privada entre clubes y técnicos que pueda desvirtuar, modificar o alterar al contrato registrado será nula", explica el mismo abogado laboralista.

Todo ello tiene basamento jurídico. En un reciente fallo del Tribunal del Trabajo n° 4 de La Plata, ante la existencia de dos contratos, uno privado y otro registrado en AFA, pero por menor cuantía, se dejó sentado que "en la litis se ha probado que se pactaron con el actor como remuneración mensual, dos contratos laborales y que el registrado en AFA, resultó ser el de menor cuantía. Si debiéramos estar al CCT 563/09 en su art.10) inc. i) cualquier contrato particular convenido en forma privada entre el director técnico y alguna institución, que de alguna manera pueda desvirtuar, modificar o alterar el registro en la AFA, sería nulo".

Casos testigo

En la causa "Ardiles Osvaldo Cesar c/ Club Atletico Huracán s/ otras", la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo en fallo del 24/10/2014, manifestó que "más allá de la práctica de estilo en el medio futbolístico de la concertación de contratos entre los clubes de fútbol y los jugadores profesionales o los directores técnicos de los equipos, en los cuales se pacta la percepción por parte de estos últimos de sumas de dinero accesorias al salario básico y que generalmente son referidas como "prima", motivadas por distintas circunstancias entre las que aparecen como relevantes el reconocimiento a la destacada actuación en el club o clubes anteriores donde se desempeñó, lo cierto es que los elementos aportados permiten otorgar razón a la tesitura del demandante (…) a la luz de los preceptos que rigen el contrato de trabajo".

Para la justicia, entonces, "los importes pactados en el acuerdo privado complementario suscripto entre las partes de autos tiene naturaleza remuneratoria, dada la evidente ventaja económica –en dinero- contemplada mensualmente en beneficio del demandante como consecuencia del cumplimiento de sus obligaciones laborales".

Otro proceso judicial donde queda evidenciada esta práctica es "Fernández Pablo Cesarc/ Gisande Wálter Nélson y otro/a s/despido". Al analizar la naturaleza salarial de la llamada "prima", el Tribunal de Trabajo N° 4 de La Plata sentenció: "se verifica un claro supuesto de defectuosa registración de contrato; ya que con apego a la realidad no se trata de dos contratos, sino de un único acuerdo plasmado en un contrato tipo y su anexo; registrado en forma deficiente sin materializar la totalidad de las cláusulas".

Fuentes de la Asociación de Técnicos de Fútbol (ATFA) destacan otro caso emblemático: el de Ricardo Caruso Lombardi. "Cuando fue despedido como técnico de Arsenal de Sarandí entabló una demanda judicial contra ese club ante el fuero laboral por varios millones de pesos, que claramente no guardaban un parámetro con los montos ínfimos que figuraban en el contrato, desconociendo absolutamente que por ese monto nunca se pagó el 2% de aporte sindical, el cual es de carácter obligatorio para todos los trabajadores comprendidos en el convenio colectivo de trabajo, independientemente de estar afiliados o no a la asociación sindical", aseguraron los dirigentes consultados.

Ese fallo condenó a Arsenal a abonarle casi 15 millones de pesos, suma que no guarda relación alguna con el monto del contrato declarado ante AFA y la ATFA, que no supera los $150.000 mensuales. Y algo similar queda al descubierto al examinar el registro interlocutorio 20/17 en los autos "Quilmes Atlético Club s/concurso preventivo", donde el mismo Caruso Lombardi figura con derecho a percibir la suma de $6.198.500 "con privilegio especial y general", atribuible a los demandantes que forman parte del personal del club, con prioridad para el cobro judicial de sus acreencias.

Consultado al respecto, el abogado del técnico, Oscar Perello, sostuvo: "Ricardo tiene todas sus actividades declaradas ya que desde el punto de vista impositivo le resulta conveniente para el resto de sus actividades"; aunque admitió que "una cosa es el salario que un técnico recibe por su tarea profesional y otra distinta la plata que percibe por sus derechos de imagen, montos sobre los cuales Ricardo debe abonar ganancias, pero no tiene por qué efectuar aporte alguno a la seguridad social o al sindicato".

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